La renta de la ciudadanía

EL PR+ EXIGE AL GOBIERNO QUE APRUEBE UN REGLAMENTO Y DÉ INSTRUCCIONES PARA QUE SE TRAMITE LA RENTA DE LA CIUDADANÍA

Antoñanzas ha indicado que “el documento es propiedad del Ayuntamiento desde 2010, por lo que es necesario estudiar su viabilidad en el momento actual para recuperar cuanto antes el puente y revitalizar el barrio de El Cortijo”

Logroño 13 de septiembre de 2017.

El Presidente del Partido Riojano, Rubén Antoñanzas, ha comparecido hoy en rueda informativa, acompañado de dos compañeros concejales del PR+ de Navarrete y Nájera, para exigir al Gobierno de La Rioja que “apruebe un reglamento de manera urgente y dé instrucciones fehacientes de cómo debe tramitarse la Renta de Ciudadanía”. Si bien desde el Partido Riojano apoyan la Ley de la Renta de Ciudadanía como un nuevo modelo de inclusión social basado en un derecho, “es nuestra obligación denunciar el caos que se está empezando a generar entre los usuarios ante la falta de previsión y concreción de la misma, así como de recursos materiales y humanos”, ha apuntado Antoñanzas.

El regionalista ha informado de que el pasado 5 de septiembre entró en vigor la Ley y al mismo tiempo se abrió el plazo para que los ciudadanos puedan presentar las solicitudes para percibir esta ayuda. Pero el Gobierno de La Rioja no ha aprobado aún el Reglamento que la desarrolla.
Al entrar en vigor la renta de la ciudadanía, esta ayuda integra y sustituye a otro tipo de ayudas de inserción, como son las Ayudas de Inserción Social (AIS), el Ingreso Mínimo de Inserción (IMI) o el complemento de lucha contra la pobreza infantil. Los cuales desde que se aprobó la renta de la ciudadanía ya no se pueden solicitar. Por lo que los receptores de estas ayudas pasarán de forma automática a ser beneficiarios de la renta.
Pero como el reglamento, es decir el instrumento legal que canalice estas medidas, no se ha aprobado aún, “va a haber un periodo de tiempo en el que algunas personas no van a recibir ayuda alguna, aquellos nuevos beneficiarios que lo requieran, no van a poder tramitar una nueva solicitud”, ha señalado el riojanista.
Diferentes vecinos y asociaciones se han puesto en contacto con el PR+ para “trasladarnos su malestar e inquietud ante las diversas incidencias en la entrada en vigor de la Renta de la Ciudadanía”, ha indicado Antoñanzas. Según sus palabras, “también los funcionarios se han quejado de la falta de personal y de formación, y de que no saben cómo debe ser el nuevo procedimiento ya que hasta la fecha no esta reglamentado”.
Desde el PR+ consideran que “estamos ante un asunto capital”, porque “se trata de poner en marcha las herramientas necesarias para ayudar lo mejor posible a las personas más vulnerables de nuestra comunidad”.
Antoñanzas cree que “es fundamental que el Gobierno apruebe el reglamento porque la indefinición actual en la que nos encontramos puede generar problemas: En primer lugar para los nuevos solicitantes de la renta de la ciudadanía, que al no estar cobrando ayudas anteriormente, mientras no exista el reglamento sus expedientes no se tramitan. Y, en segundo lugar, a los ayuntamientos, que en caso de que no se perciban esas ayudas, pueden recibir numerosas solicitudes de ayudas de urgente necesidad a las que van a tener que hacer frente con un importante desembolso económico”.
A juicio del regionalista “no se han aprobado los mecanismos para hacer efectiva la ley que ya ha entrado en vigor”. Por lo que el Partido Riojano, en aquellos municipios en los que tenga responsabilidad de gobierno, va a trasladar un acuerdo para que se apruebe por la junta de gobierno en el que se:

• Exija al Gobierno de La Rioja que habilite todos los mecanismos legales y recursos materiales, económicos y humanos necesarios. para que, de inmediato, la renta de la ciudadanía se pueda aplicar en nuestra comunidad con carácter inmediato y de la forma más efectiva y eficaz para destinatarios.
• Se establezcan todas las garantías oportunas para que los ayuntamientos que deban hacer frente al pago de las ayudas de urgente necesidad para suplir las carencias de la puesta en marcha de la ley, en su caso, puedan exigir el retorno económico de las mismas por parte del Ejecutivo riojano.