Convenio Maristas

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Antoñanzas presenta sus alegaciones para garantizar el “mejor proyecto” para transformar el solar del antiguo Colegio Maristas

El PR+ exige que haya garantías del cumplimiento de plazos para la construcción y un acuerdo que respete los derechos de los vecinos y comerciantes
El edil pide, además, que los alumnos del Sagasta puedan usar el polideportivo

Logroño, 3 de marzo de 2017.- El Concejal del Partido Riojano (PR+) en el Ayuntamiento de Logroño, Rubén Antoñanzas, ha presentado hoy las alegaciones de su grupo municipal al convenio urbanístico de planeamiento para la transformación del solar del antiguo Colegio de los Hermanos Maristas con las que pretende “garantizar el mejor proyecto para Maristas”.
Antoñanzas exige mediante sus alegaciones “el comienzo inmediato de las obras en el solar, no podemos olvidar que este solar lleva abandonado diez años y está contribuyendo al deterioro de la vida del barrio y de la ciudad de Logroño”.
Según sus palabras, “nuestras alegaciones al convenio nacen desde la firme voluntad de que se avance en la construcción del solar, entendiendo que el planteamiento de un convenio urbanístico con la propiedad debe ser la vía lógica para terminar con esa situación de abandono”. Asimismo, el edil regionalista ha indicado que “hemos estado reunidos con varios colectivos de comerciantes, arquitectos y urbanistas, para tratar de recoger sus prioridades”.

Garantizar la viabilidad jurídica y el uso comercial

A juicio de Antoñanzas, “un convenio urbanístico tiene que dar seguridad jurídica no sólo a los firmantes, sino a la población en general, dado el indudable interés público que tiene el urbanismo (y en concreto los instrumentos de planeamiento) en el diseño, la construcción y la actividad de la ciudad”.
En ese sentido, la discrepancia, en términos legales, entre el Gobierno de La Rioja y el Ayuntamiento de Logroño, debido al aumento de la densidad de vivienda al traspasarse los 1.320 metros cuadrados del polideportivo a la zona residencial, “ha generado dudas en torno a la legalidad del texto del convenio”, ha apuntado el Concejal.
Para desbloquear esta situación, “nuestra primera alegación al convenio va encaminada a garantizar la legalidad del convenio”, ha explicado Antoñanzas. En concreto, “pedimos que en la modificación del Plan General Municipal se tenga en cuenta el uso de los 1.320 metros cuadrados que actualmente están calificados como uso complementario de vivienda, de manera que se transformen en uso comercial, pudiendo estos emplazarse en cualquiera de las parcelas resultantes, de titularidad privada”, ha manifestado.

En este orden de cosas, el Concejal regionalista considera también que “el convenio debería incorporar una mayor motivación de las razones por las cuales se debe modificar el planeamiento en vigor y una justificación pormenorizada de los motivos por los que se han incumplido los plazos de construcción por parte de la propiedad”.

Respeto a los derechos de los vecinos y comerciantes

Antoñanzas considera que “la ordenación pormenorizada del solar no debe contemplarse en el ámbito del presente convenio, sino en la tramitación de la modificación puntual del Plan General, o en su desarrollo a través de un estudio de detalle, donde deban concretarse los aspectos volumétricos, de implantación, de usos del suelo, etc.”
No obstante, el edil cree que “debemos ponernos a trabajar para que todos estos aspectos se concreten teniendo como referencia un acuerdo con los vecinos y comerciantes de la zona”. Por ello, la segunda alegación del PR+ establece que “la ordenación pormenorizada de la zona sea la resultante de la modificación del Plan General que se tramite en desarrollo del convenio urbanístico, previo estudio de alternativas, exposición y debate público, y resolución de las alegaciones que pudieran presentarse, atendiendo tanto a los intereses generales de la ciudad como a los derechos de los residentes y comerciantes del barrio”.

Garantizar plazos de construcción debe ser la prioridad del convenio

Por otro lado, Antoñanzas entiende que “el convenio, tal y como está redactado, favorece casi exclusivamente a los intereses de la propiedad en tanto en cuanto no se establecen más obligaciones que la de ceder el espacio actual del polideportivo sin edificabilidad (sin compromiso alguno para su rehabilitación y su puesta en uso) y la de urbanizar la plaza pública prevista en el plazo de 5 años”.
El Concejal ha aclarado que “en ningún caso se obliga a la propiedad ni al desarrollo del proyecto ni a la construcción de los edificios previstos, porque el convenio no determina ni plazo ni garantías para que ello se ejecute”. A su juicio, “este es un asunto de importancia capital para la revitalización de la zona y el objeto prioritario que debe presidir el acuerdo entre el Ayuntamiento y la propiedad del solar, por lo que exigimos que el Convenio recoja plazos de ejecución y que se avalen los compromisos”.
Por ello, la tercera alegación del PR+ solicita que “el convenio incorpore plazos para la construcción de las diversas edificaciones privadas, incluyendo avales económicos y garantías de todo tipo para que las edificaciones previstas se construyan en los plazos que el convenio determine”.

A título de ejemplo, Antoñanzas propone que “se incorpore al convenio como compromiso el inicio de la construcción de al menos un 30% de la edificabilidad prevista en 2018 y que se finalice antes del 31 de diciembre de 2020”.
Con el mismo objetivo, el regionalista plantea que “otro 50% de la edificabilidad prevista deberá iniciarse antes de la finalización de la fase anterior (31 de diciembre de 2020) y concluirse antes del 31 de diciembre de 2023”.
Por su parte, la cuarta alegación del regionalista reclama que “el convenio incorpore todos los informes técnicos y jurídicos que garanticen su ajuste a la legalidad urbanística”.

Que los alumnos del Sagasta puedan usar el polideportivo

Finalmente, el Partido Riojano propone en su última alegación al convenio que se incluya un acuerdo para la rehabilitación del polideportivo en el que participe la propiedad actual del inmueble, junto al Ayuntamiento de Logroño, mediante el cual se inste el apoyo económico de la Comunidad Autónoma de La Rioja, a cambio de que esta última pueda utilizar el polideportivo para la educacion física y las actividades deportivas de los alumnos del instituto Sagasta.

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